Acuerdo apoyado por el DOJ para Live Nation abre Ticketmaster a competidores
El acuerdo de Live Nation en el caso del monopolio de la venta de entradas con el DOJ abre Ticketmaster a competidores, limita la exclusividad y las tarifas de los recintos, e incluye 280 millones de dólares en daños.
El acuerdo de Live Nation en el caso de monopolio de venta de boletos con el DOJ se anunció menos de una semana después de que comenzara el juicio, resolviendo las demandas presentadas por el Departamento de Justicia de EE.UU. y una coalición de 40 fiscales generales estatales. El DOJ y esa coalición originalmente demandaron a Live Nation en mayo de 2024, argumentando que el dominio de la compañía le permitía sofocar la competencia y atar los recintos a contratos exclusivos.
El acuerdo propuesto abriría partes de la plataforma Ticketmaster a empresas rivales como Eventbrite y SeatGeek, limitaría los contratos de exclusividad a largo plazo con los recintos a cuatro años, requeriría la enajenación de hasta 13 anfiteatros, limitaría las tarifas de servicio de Ticketmaster al 15 por ciento del precio del boleto, e incluiría un pago aproximado de 280 millones de dólares en daños a casi 40 estados. El acuerdo es más limitado que la medida original buscada por los reguladores, quienes querían desmembrar la compañía, y algunos fiscales generales estatales han dicho que continuarán persiguiendo sus propias reclamaciones.
El acuerdo entre Live Nation y el Departamento de Justicia en el caso de monopolio de venta de boletos incluye varios elementos clave destinados a abordar las preocupaciones competitivas planteadas por los reguladores. El acuerdo manda que partes de la plataforma Ticketmaster se abran a compañías rivales de venta de boletos como Eventbrite y SeatGeek. Esta medida pretende fomentar un entorno más competitivo en la venta de boletos. Además, los términos incluyen instituir un límite en los contratos de exclusividad con los recintos, restringiendo su duración a cuatro años, lo que busca prevenir un control monopólico a largo plazo sobre el mercado de boletos.
Como parte del acuerdo, Live Nation debe desprenderse de hasta 13 anfiteatros en todo Estados Unidos, una medida diseñada para reducir su considerable cuota de mercado en la operación y gestión de recintos. Los aspectos financieros del acuerdo también imponen un límite en las tarifas de servicio de Ticketmaster, fijándolas en no más del 15% del precio de un boleto, lo que aborda las preocupaciones sobre cargos excesivos que afectan a los consumidores. Además, Live Nation pagará aproximadamente 280 millones de dólares en daños a casi 40 estados, representando una sanción económica destinada a compensar prácticas pasadas anticompetitivas.
Este acuerdo llega como respuesta a una demanda iniciada en mayo de 2024 por el DOJ y una coalición de 40 fiscales generales estatales, quienes argumentaron que el dominio de mercado de Live Nation socavaba la competencia justa. Es importante destacar que el acuerdo se considera menos severo que las medidas iniciales solicitadas por los reguladores, que incluían la división de la empresa. A pesar del acuerdo, algunos fiscales generales estatales han expresado su intención de continuar con acciones legales de forma independiente para proteger aún más las prácticas competitivas en la industria del entretenimiento en vivo.
Michael Rapino, CEO de Live Nation, comentó: «Nunca hemos dependido de la exclusividad para impulsar nuestro negocio de venta de boletos, simplemente ha sido el resultado de tener los mejores productos, servicios y personas en la industria.»
También declaró: «Estamos contentos de dar pasos mayores para empoderar a los artistas y recintos en sus decisiones sobre la venta de boletos, y confiamos en que seguiremos teniendo éxito gracias a la calidad de lo que ofrecemos.» Fuente
El juez Arun Subramanian expresó su descontento respecto al proceso de acuerdo, afirmando, «Es completamente inaceptable» que no se le informara del acuerdo tentativo hasta tarde el domingo, a pesar de que se había firmado una hoja de términos anteriormente.
Letitia James dijo, «El acuerdo recientemente anunciado con el Departamento de Justicia de EE.UU. no aborda el monopolio en el centro de este caso, y beneficiaría a Live Nation a costa de los consumidores. No podemos aceptarlo.»
Agregó, «Mis colegas fiscales generales y yo tenemos un caso sólido contra Live Nation, y continuaremos con nuestra demanda para proteger a los consumidores y restaurar la competencia justa en la industria del entretenimiento en vivo.»
Estas dos declaraciones citadas representan una crítica directa al acuerdo de parte de Letitia James.
Otros fiscales generales estatales expresaron su continua oposición al acuerdo y afirmaron que emprenderían acciones legales por separado. Una posición resumida de ese grupo dijo, «El acuerdo recientemente anunciado con el Departamento de Justicia de EE.UU. no aborda el monopolio en el centro de este caso, y beneficiaría a Live Nation a costa de los consumidores. No podemos aceptarlo,» reflejando una crítica regulatoria más amplia.
Los fiscales generales estatales indicaron que continuarían sus esfuerzos legales más allá de las declaraciones sobre el acuerdo mencionadas arriba.
El caso legal comenzó con el Departamento de Justicia de EE. UU. y una coalición de 40 fiscales generales estatales presentando una demanda contra Live Nation en mayo de 2024. Los reguladores en esa presentación alegaron que la posición de mercado de Live Nation permitía a la empresa impedir la competencia y asegurar acuerdos exclusivos con los recintos. Las partes identificadas en el litigio incluían a Live Nation y su negocio de venta de entradas, Ticketmaster, como demandados, y al Departamento de Justicia junto con la coalición de 40 fiscales generales estatales como demandantes.
Las personas y oficinas nombradas asociadas con el caso incluyen fiscales generales estatales como Letitia James y miembros de la coalición de 40 funcionarios estatales. El litigio involucró la aplicación federal por parte del Departamento de Justicia junto con acciones coordinadas de múltiples fiscales generales estatales. El personal judicial involucrado en la supervisión de los procedimientos está identificado en los informes sobre el caso, incluyendo al juez Arun Subramanian en su rol relacionado con los asuntos de la sala del tribunal.
El acuerdo alcanzado entre Live Nation y el Departamento de Justicia establece términos operativos y financieros específicos para Live Nation y su negocio de venta de entradas. Según el acuerdo, partes de la plataforma Ticketmaster estarán abiertas a empresas rivales como Eventbrite y SeatGeek, los contratos de exclusividad a largo plazo con los recintos estarán limitados a cuatro años, y Live Nation se desprenderá de hasta 13 anfiteatros. El acuerdo también establece un tope en las tarifas de servicio de Ticketmaster del 15% del precio de una entrada y requiere que Live Nation pague aproximadamente 280 millones de dólares en daños a casi 40 estados. Estas medidas están incluidas en el acuerdo propuesto negociado poco después de que comenzara el juicio.
El acuerdo se describe como menos severo que la solución original buscada por los reguladores, que había propuesto dividir la empresa. El Departamento de Justicia y una coalición de 40 fiscales generales estatales iniciaron la demanda en mayo de 2024, y algunos fiscales generales estatales han dicho que continuarán persiguiendo sus propias reclamaciones a pesar del acuerdo propuesto. El cronograma del litigio y las condiciones específicas impuestas por el acuerdo forman parte del registro público del caso. Los términos del acuerdo se aplican explícitamente a Live Nation, Ticketmaster y a las operaciones relacionadas con los recintos tal como se establece en el acuerdo negociado.
