Un informe cifra en hasta 141 millones de libras al año el coste del trato sesgado a los eventos negros y sudasiáticos de Londres

Las restricciones desproporcionadas y las cancelaciones dirigidas a eventos organizados por comunidades negras y sudasiáticas en Londres cuestan un estimado de entre 127 y 141 millones de libras al año. Esa cifra procede de un nuevo informe sobre discriminación racial en la forma en que se conceden licencias, se vigilan y se clausuran los eventos musicales en la capital. Black Lives in Music y el Musicians’ Union colaboraron con el proyecto REMEL (Race Equality in Music Event Licensing) en la investigación, según informó Tsugi.

El marco legal es la Licensing Act 2003, que regula la venta de alcohol, el entretenimiento y la comida nocturna. Para obtener una licencia, un local debe respetar y promover cuatro objetivos: prevenir la delincuencia y los disturbios, garantizar la seguridad pública, evitar las molestias públicas y proteger a los menores de daños. Son los ayuntamientos locales quienes deciden quién la obtiene.

La Policía Metropolitana añadió su propia capa en 2005 con el Formulario 696, que se exigía a todos los organizadores de fiestas. Pedía los nombres reales de los artistas, sus nombres artísticos, sus direcciones particulares y sus números de teléfono. La primera versión preguntaba directamente por el origen étnico del público previsto, y las versiones posteriores pedían el estilo musical. Como resultado, los eventos de grime, R&B, garage y rap quedaron marginados o prohibidos. El formulario se prohibió en 2017 por sus efectos racistas.

En 2019, la Met y el Ministerio del Interior pusieron en marcha el Proyecto Alpha, centrado en la violencia de bandas y la delincuencia juvenil mediante la monitorización masiva de redes sociales. Trabaja con plataformas en línea para retirar contenidos artísticos. En 2023, el 60,7 % de los videoclips que retiró presentaban a artistas negros. El rap, el drill y otros géneros con los que los jóvenes describen su vida son los principales objetivos. Un caso es el del rapero Digga D, que, con una Orden de Conducta Criminal, debe notificar a la policía con 24 horas de antelación cualquier tema o vídeo que publique y entregar la letra completa para su revisión.

The Colour Factory, un club independiente e inclusivo de Hackney, figura entre los casos citados. El 11 de febrero de 2023, Trei Daley, de 26 años, pasó la noche allí. Cuando el club ya había cerrado, se produjo una discusión en Queen’s Yard, totalmente fuera del local, y recibió una puñalada mortal. La policía aun así recurrió a su procedimiento de emergencia para suspender la licencia del club. Las pérdidas de ingresos y los gastos legales costaron al local 55.000 libras.

El pop, el indie y el rock no atraen un escrutinio particular, mientras que la música afrocaribeña y sudasiática se topa con una sospecha preventiva. Muchos locales regentados por personas blancas reciben un apoyo activo para reabrir tras incidentes graves, mientras que los espacios que atienden a públicos minoritarios se enfrentan a clausuras punitivas inmediatas.

Promotores y artistas emergentes deben pagar ahora una seguridad costosa: escáneres biométricos, arcos de detección y perros adiestrados. Los costes de producción se disparan y los organizadores independientes luchan por obtener beneficios. Algunos locales, temerosos de perder sus licencias, se autocensuran o recurren a intermediarios blancos para tratar con las autoridades. Sumadas a la gentrificación y a la desaparición constante de los espacios de fiesta, estas presiones empujan a las escenas minoritarias hacia los márgenes de Londres.

El informe pide una revisión del sistema de licencias, con procedimientos transparentes y justos basados únicamente en hechos concretos; registros detallados y desglosados de las autoridades sobre los tipos de eventos afectados, para poder seguir las desigualdades; y formación sobre sesgos raciales para agentes de policía y personal de los ayuntamientos.

El informe completo es de acceso gratuito.