La Copyright Office abre una investigación sobre el fraude en streaming con la música generada por IA en el punto de mira

La Copyright Office de EE. UU. recibirá comentarios hasta el 23 de noviembre sobre cómo funciona el fraude en streaming y qué políticas de las distribuidoras podrían frenarlo, entre ellas la verificación de clientes, la recuperación de royalties (clawback) y la retirada de contenido. Si publicas tus propios edits o temas originales a través de una distribuidora, esas son las políticas que están sobre la mesa. Los comentarios de réplica se aceptan hasta el 21 de diciembre, y la solicitud de comentarios se publicó en el Federal Register el 7 de octubre.

El lado de las contrataciones también entra en el alcance. El texto señala como daños secundarios los efectos sobre la colocación en playlists y sobre los datos de streaming en los que se apoyan artistas y salas para planificar giras, y pregunta cómo afecta el fraude a la música en directo, incluidas la elección de recintos y la venta de entradas.

La iniciativa partió del representante Scott Fitzgerald, republicano por Wisconsin y miembro del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. En su carta del 21 de mayo pedía a la Oficina que examinara el papel de la IA en el fraude en streaming. Se cuidó de aclarar que no hay «nada intrínsecamente malo» en la IA como herramienta creativa. Su queja tiene que ver con el reparto del dinero: «Cuando los resultados generados por IA compiten con obras creadas por humanos, desvían dinero de un fondo de royalties finito que, de otro modo, se distribuiría entre los titulares de derechos reales», escribió. La carta se apoya en las cifras de Deezer: hasta un 85 % de los streams de temas íntegramente generados por IA en 2025 fueron fraudulentos y, en junio, más de la mitad de las subidas diarias eran generadas por IA, cerca de 90.000 temas al día.

Lo que pregunta el texto sobre las distribuidoras

Michael Smith, de Cornelius (Carolina del Norte), fue condenado a 18 meses de prisión el día antes de que se publicara la solicitud. Gestionaba cuentas bot que reproducían cientos de miles de canciones generadas por IA. El texto repite los 10 millones de dólares en royalties que se alegaban en su acusación de 2024, pero el juez ordenó un decomiso de 8.091.843,64 dólares, la cifra de pérdidas en la que coincidieron ambas partes.

Smith es el caso fácil. El documento se vuelve más interesante cuando pregunta por la fontanería cotidiana. Entre sus 10 temas figura este: «¿Qué políticas o prácticas del sector pueden estar contribuyendo sin querer al fraude en streaming?». Pide opiniones sobre distribuidores de confianza, verificación de contenido, verificación de clientes, clawback de royalties, multas y retirada de contenido. Pregunta por una base de datos compartida de fraude conocido, por metadatos estandarizados y por el etiquetado de contenido que no es elegible para royalties legales. También plantea un «no-fault injunctive relief» (medida cautelar sin necesidad de probar culpa) y menciona dos proyectos de ley, la American Copyright Protection Act of 2026 y la DEFEND IP Act.

Nada de eso es política vigente todavía. Pero si se adoptan estas ideas, cabe esperar que las distribuidoras exijan más verificación a quienes suben música y que recuperen los royalties pagados por streams que marquen como fraudulentos.

El sector avanza por su propio carril. IFPI puso en marcha el 14 de septiembre la Streaming Integrity Initiative, de carácter voluntario, con cinco prácticas básicas contra el fraude para distribuidoras, incluidos controles Know Your Customer y el intercambio de información. En el lanzamiento firmaron veinticuatro empresas y organismos del sector, entre ellos las tres majors. El texto hace referencia a la iniciativa y cita las guías de DistroKid y TuneCore sobre streaming artificial como ejemplos de distribuidoras que sancionan el fraude.

Crimen organizado y próximos pasos

Hay también un hilo de crimen organizado. El documento califica de «alarmante» un informe sueco de 2023 que detectó redes criminales que usaban streams falsos para blanquear dinero. El director de NMPA, David Israelite, habló de «una cuestión de seguridad nacional» a propósito del fraude en streaming en la reunión anual de la asociación, el 10 de junio. La persecución a nivel estatal y local también está en la agenda.

No conviene esperar una ley inmediata. Una consulta anterior, motivada también por una carta de Fitzgerald y centrada en las entidades de gestión de derechos de interpretación, recibió más de 5.000 comentarios. La carta de la Oficina al Congreso de noviembre de 2025 que los resumía «no contiene nuevas recomendaciones de política», en palabras de la propia Oficina.

Si publicas música, lee ya la política de streaming artificial de tu distribuidora y guarda registros de dónde proceden tus reproducciones.